Tras la lectura total de la sentencia del alcalde provincial Omar Candía, por el caso de sobrevaloración en la compra de cámaras de video vigilancia, cuando era burgomaestre de Alto Selva Alegre. Algunos juristas trataron de explicar lo que le espera al burgomaestre, en las siguientes instancias de este juicio que se reabrió el pasado mes de setiembre.

Para Jorge Sumari Buendía, el alcalde Omar Candía no tiene (en teoría) responsabilidad administrativa en la compra de las cámaras de seguridad, al no haber participado directamente en la adquisición de estos bienes. Además, dijo que el fiscal tendría que probar o presentar pruebas, donde se certifique que la autoridad participó directamente en las compras o las direccionó, con cierto nivel de influencias.

Para el especialista en temas municipales, los directamente responsables serían los integrantes de comité de licitación que se realizó en el distrito de Alto Selva alegre, mientras que el alcalde debería ser absuelto con la anulación de la sentencia.

Paralelamente Héctor Herrera, abogado penalista, mencionó que al haberse leído la totalidad de la sentencia y haberse ratificado los seis años de prisión efectiva, el alcalde provincial tiene la posibilidad de apelar dentro de los 5 días hábiles siguientes para llevar el proceso a una segunda instancia.

Y en este escenario, se podrían tener hasta tres posibilidades para seguir el proceso. La primera, el de ordenar un nuevo proceso, la segunda, es el declarar la nulidad del juicio al no haber elementos de convicción y la última, el confirmar la sentencia que se dio en primera instancia.

JUICIO

Durante el proceso, el fiscal Carlos Herrera sostuvo que Candia Aguilar deslindo sus responsabilidades al delegar sus funciones a su gerente municipal, Daniel Gómez Benavente y a su asesor Antonio Acosta Villamonte, pese a que la ley no lo permitía. Por lo que el ex alcalde de Alto Selva Alegre, debería de ser condenado a ocho años de cárcel y al pago de una reparación civil de más de 2 millones de soles.

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