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Fiscal José Domingo Pérez insiste en pedido de suspensión contra Fuerza Popular

Equipo Especial Lava Jato solicita revocar decisión que declara infundado el pedido para suspender actividades políticas del partido de Keiko Fujimori.
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El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, presentó este lunes el recurso de apelación contra la decisión del juez Víctor Zuñiga Urday que declaró infundado el pedido de suspensión temporal de Fuerza Popular, en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.

El juez -a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria- declaró infundado el requerimiento de la fiscalía para suspender por dos años y medio las actividades políticas del partido liderado por Keiko Fujimori. Su decisión permitió que la organización política continúen en campaña para las elecciones 2021.

El recurso, que busca que la decisión sea revocada, deberá ahora ser elevado a una sala superior. En este caso, será la Segunda Sala de Apelaciones la que tendría que evaluar la apelación de la fiscalía.

El juez Zúñiga rechazó la solicitud de suspensión a Fuerza Popular y en su lugar dispuso una medida de vigilancia judicial, con lo que el partido deberá informar al juzgado sobre las deudas, ingresos y gastos de la organización política. Según la resolución, la información tendrá que ser remitida al juez cada 15 días por un plazo de dos años.

Sin embargo, para el equipo especial esta medida resulta insuficiente. Al solicitar la suspensión, la Fiscalía buscaba que que la agrupación política no pueda, presuntamente, seguir cometiendo los actos de lavado de activos, delito por la que viene siendo investigada.

De acuerdo a la tesis fiscal al interior de Fuerza Popular habría operado una presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori, que habría recepcionado dinero ilícito de la empresa Odebrecht y de empresarios peruanos que habrían sido introducidos en la contabilidad partidaria para solventar las campañas electorales del 2011 y 2016.

El abogado de Fuerza Popular, Elio Riera Garro, señaló que: “El pedido fiscal no dispone de solidez argumental por cuanto se ampara únicamente en sospechas”.

“Sin duda alguna, el recurso de apelación será desestimado oportunamente. La teoría de imputación se viene desmoronando de a pocos por carecer de fundamentos legales y constitucionales”, añadió.

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