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Defensoría: Tribunal Constitucional debe admitir la demanda competencial por disolución del Congreso

Walter Gutiérrez consideró que la actual crisis “no puede terminarse por una imposición de los hechos, sino por la lógica del derecho
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El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que el Tribunal Constitucional debe admitir la demanda competencial interpuesta por Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, contra el Ejecutivo por la disolución del Congreso.

“Definitivamente, sí. Lo decimos sin rodeos, sin ambages, sin medias vueltas, directamente: el Tribunal debe admitir la demanda competencial”, sostuvo.

Gutiérrez consideró que la actual crisis “no puede terminarse por una imposición de los hechos, sino por la lógica del derecho”, por lo que consideró indispensable la intervención del TC.

“Cerrar el Congreso es el acto más dramático, más perturbador, en el sistema democrático. La Defensoría no está diciendo que eso esté bien o esté mal. Decimos que lo que define una democracia es la división de poderes y el control del poder solo estamos dispuestos a aceptarlo si eso se hizo bien”, agregó.

En su opinión, tanto el Legislativo como el Ejecutivo tuvieron la oportunidad de acudir al TC para que resuelva las diferencias que han tenido en estos tres años. Sin embargo, lamentó que ninguno lo haya hecho.

El informe defensorial

La Defensoría del Pueblo presentó un informe detallado en el que concluye, entre varios puntos, que “el Tribunal Constitucional no puede prescindir de su deber de resolver este conflicto”.

“La Defensoría del Pueblo considera que el TC es el órgano encargado de poner fin a esta incertidumbre”, se lee en el documento.

En su opinión, al definir los alcances y aplicabilidad de la figura de la cuestion de confianza, el TC “permitirá evitar futuras crisis constitucionales como las acontecidas recientemente”.

El organismo presidido por Walter Gutiérrez consideró que existe una “crisis constitucional”, debido a “las diversas interpretaciones que se han realizado sobre los alcances de la cuestión de confianza”.

“En ese sentido, consideramos que una sentencia del TC sería un primer paso para reconducir la crisis por los cauces de la Constitución. La misma vincula a los poderes públicos, en tanto tiene plenos efectos para determinar las competencias que corresponden a los poderes estatales y, a su vez, anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia”, sentenció.

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