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Congreso: Comisión Permanente ratifica procedencia de denuncias contra Edgar Alarcón

Se otorgó un plazo de 15 días hábiles para que la subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice investigación pertinente y presente su informe final.
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La Comisión Permanente del Congreso ratificó los informes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que declararon procedentes las dos denuncias contra el congresista de Unión Por el Perú (UPP), Edgar Alarcón Tejada, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso por apropiación ilícita, por hechos cometidos durante su gestión como Contralor General de la República (2016 - 2017).

Por 17 votos a favor, 5 abstenciones y ninguno en contra, otorgó 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso realicen las investigaciones contra el actual presidente de la Comisión de Fiscalización formuladas por la Fiscalía de la Nación, por enriquecimiento ilícito y presente un informe sobre el tema de fondo.

Los votos en abstención fueron de los congresistas por Fuerza Popula,  Martha Chávez y Carlos Mesías Ramírez; además de Mariano Yupanqui (Somos Perú), Betto Barrionuevo Romero (Somos Perú) y Tania Rodas (APP).

Y por 16 votos a favor, 7 abstenciones y ninguno en contra, también se aprobó el informe para que Alarcón continúe siendo investigado por el presunto delito de peculado doloso.

En este caso los votos en abstención fueron de los congresistas de Fuerza Popular, Martha Chávez, Carlos Mesías Ramírez, Mariano Yupanqui (Somos Perú), Betto Barrionuevo Romero (Somos Perú), Tania Rodas (APP), Otto Guibovich Arteaga (Acción Popular) y Napoleón Puño Lecarnaqué (Alianza Para el Progreso).

Como se recuerda, en julio de este año, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávarlos, denunció constitucionalmente a Alarcón Tejada por dos delitos. Un caso por presunto enriquecimiento ilícito respecto a una diferencia sustancial entre sus ingresos y sus egresos, por hallarse un desbalance de S/201,337.24 correspondientes a hechos dentro del período del 9 de junio del 2016 hasta el 4 de julio del 2017.

La segunda denuncia, también vinculada a hechos referidos a su gestión en la Contraloría General de la República, referida al pago de servicios a terceros que no habrían sido prestados. Ello, se indica, habría causado un perjuicio de S/ 81,121.73.

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