Aún no concluye el 2023, pero la Contraloría de la República ya  registra un perjuicio económico por encima de los 20 millones de soles en la región de Arequipa por  actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública.

Esto compromete a diferentes instituciones públicas que fueron auditadas, principalmente de gestiones pasadas en la ejecución de obras.  

“Estamos hablando que hay un perjuicio relacionado a una acción u omisión, por una corrupción o ejecución inadecuada”, señaló el gerente regional de control, Hugo Ponce, tras la presentación del informe de rendición de cuentas de este ente.

Hasta la fecha, la Contraloría detectó 133 funcionarios públicos con responsabilidad administrativa, civil y penal.

“Nosotros tenemos 24 funcionarios con responsabilidad grave y muy grave, que implica la identificación de una responsabilidad por parte de la Contraloría a través de su órgano sancionador”, precisó Ponce.

El representante de este ente de control detalló que la sanción administrativa puede ir desde una suspensión hasta la inhabilitación para ejercer un cargo público. Asimismo, informes de control son enviados al Ministerio Público para su actuación en el ámbito civil y penal.

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