El juez de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios, José Málaga Pérez, inició la etapa de control de acusación del proceso judicial que se le sigue al expresidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides y dos exfuncionarios por los delitos de colusión y negociación incompatible que se habrían cometido en el proceso de compra de terrenos para la construcción del puente Chilina; entre los años 2010 y 2013.

El Ministerio Publico presentó un requerimiento mixto de sobreseimiento (archivo) y acusación. En primer término, está acusando a Juan Manuel Guillén Benavides (expresidente regional), Jorge Luis Aguilar Gallegos (exgerente regional) y Sara Peña Dávila (jefa del Área Funcional no Estructurada de Apoyo y Coordinación a los Proyectos Especiales y Estratégicos) de los delitos de colusión y negociación incompatible al haber presuntamente pactado el precio de compra de los terrenos para la ejecución de esta obra vial y mostrado además un interés indebido en esta negociación.

En tanto, la Fiscalía, sustentó el pedido de sobreseimiento en contra de los presuntos cómplices, Martín Medina Vilca, Alejandro Medina Vilca, Marcia Medina Vilca, Aurelio Arenas Llerena,  Georgina Zegarra de Arenas, Rocío Arenas Zegarra, Cristian de la Cruz Zeballos Medrano; por cuanto, no existirían elementos suficientes que acrediten, que en su calidad de propietarios de los terrenos expropiados, se hayan puesto de acuerdo con los funcionarios regionales para pactar el precio de sus predios.

En los próximos días, el juez de control emitirá la resolución correspondiente al pedido de archivo del proceso respecto del delito de colusión inicialmente imputado a los presuntos cómplices; en tanto, esta etapa intermedia de saneamiento del proceso continuará el próximo 3 de agosto con la finalidad de definir si los imputados son enjuiciados.

Los exfuncionarios públicos Juan Manuel Guillén Benavides, Jorge Luis Aguilar y Sara Peña; son acusados de haber, supuestamente, realizado tratos directos con los propietarios de algunos terrenos para definir la compra de los terrenos y de haber pagado precios superiores a las tasaciones realizadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Las penas que se está proponiendo sean impuestas para los exfuncionarios regionales por el concurso real de delitos oscilan entre 19 y 23 años de pena privativa de la libertad. 

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