Por: Karol Macetas y María Luz Cruz – Radio Yaraví de Arequipa

- Con la aprobación del dictamen de la Comisión de Constitución para que los titulares del sistema electoral sean pasibles de acusaciones constitucionales, ¿qué es lo que está en riesgo?

Los organismos electorales deben ser independientes del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Esto se debatió ya con motivo de la Constitución de 1993. Los señores Carlos Torres y Torres Lara y Enrique Chirinos Soto estuvieron a la cabeza del criterio de no considerar a los organismos electorales dentro del artículo 99 (de la Constitución) para el juicio y el antejuicio, porque podría connotar una suerte de sometimiento de los jueces electorales a los vaivenes de la política. Nunca hubo control político a las autoridades electorales. El juicio político es un juicio directo del Parlamento al funcionario.

- Ese es el problema y es riesgoso para la democracia, porque las personas sometidas a juicio político podrían disgustar a sus juzgadores (el Congreso), entonces habría que contentarlos o estar conforme con lo que ellos dicen.

Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias sentencias, ha señalado que los jueces en general, y los electorales en particular, no pueden estar sometidos ni al antejuicio ni al juicio político. Hay una prohibición expresa en el artículo 26 de la Convención Americana de no regresar en lo que se avanzó. En Perú, en el 93 se avanzó en que no fueran considerados los miembros del sistema electoral en el juicio político y ahora una sentencia del Tribunal Constitucional ha dicho que sí y el Congreso está en el camino lamentable de considerarlo. Yo espero que reflexionen.

- ¿Podría dar un ejemplo?, ¿qué hubiese pasado en un proceso electoral como el que se llevó con Pedro Castillo si ustedes hubiesen estado sometidos al juicio político?

Lo que ocurre es que, como se ha dicho de modo reiterativo y falso que hubo fraude en las elecciones de 2021, el Congreso podría desarrollar un juzgamiento político contra las autoridades electorales. Lo más que pudo hacer fue una comisión de investigación que terminó en nada, porque nunca hubo fraude; pero no necesitan razones para el juicio político, lo que necesitan son votos y si los tienen producen su resolución.

- ¿Y qué hubiera pasado con la votación del pueblo en las urnas?

Seguramente se habría propuesto alguna forma de nulidad de la elección. Esta solo procede en casos muy concretos establecidos por la propia ley.

- Si el Congreso aprueba el juicio político con miras a las elecciones del 2026 y los resultados no son de su satisfacción, ¿solo con un criterio político pueden tumbarse una elección?

Lo que pueden hacer es forzar a los miembros del sistema electoral a declarar que hubo alguna irregularidad, porque si no declaran, los expulsan del sistema electoral y los inhabilitan. Es una espada de Damocles sobre los cuellos de las autoridades judiciales en general y electorales en particular.

- ¿Qué hay detrás de esta intención? ¿Estamos frente a una venganza política a raíz de estas últimas elecciones?

Es más que una venganza política. Es la consolidación del dominio de lo político sobre lo jurídico. Eso lo ha previsto la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana y han hablado de la inconveniencia de este tipo de controles políticos. Se ha dicho que los jueces en general, y los jueces electorales en particular, tienen que estar extraordinariamente protegidos en cuanto a su independencia para no ser objeto de presiones externas e internas.

Esta es una presión externa, la del juicio político, que está pasando como si no ocurriera nada. Algunas personas creen que esto es así y se miente diciendo que los miembros del sistema electoral se consideran inmunes a todo control. Pero, sí hay control. Los miembros del sistema electoral somos controlados por la Junta Nacional de Justicia, pero resulta que para los políticos no es suficiente.

- También se ha mencionado que este dictamen obedece a sentencias antes emitidas por el Tribunal Constitucional. Moyano y Camones mencionaron que hay hasta tres antecedentes, ¿esto es cierto?

Lamentablemente no. Hay un solo antecedente que es relativo, del expediente 006-2003, en que se propuso al Congreso la conveniencia del antejuicio en favor de los miembros del sistema electoral. El antejuicio es una prerrogativa, para que no se perjudique la actividad normal del juez electoral, por eso es un privilegio. Luego está el expediente 156-2012 que no dice nada ni del juicio ni del antejuicio en relación a las autoridades electorales. Y la última sentencia del 003-2022, que ha dictado el TC actual, no solamente insiste en el antejuicio político, sino que se va también al juicio político. En concreto, dice, por ejemplo, que Salas Arenas es juez de la Corte Suprema y, por lo tanto, a él le corresponde el juicio político porque les corresponde a los jueces de la Corte Suprema. O sea, ha hecho una extensión contra lo que dicen la Comisión y la Corte Interamericana sobre proteger a los miembros del sistema electoral. Este es un contrasentido total, hay una regresión.

- El dictamen del Congreso se da en un contexto de permanente ataque contra los organismos electorales, luego de que una candidata no aceptara su derrota expresada en las urnas. Incluso ahora hay denuncias constitucionales en su contra que buscan su inhabilitación.

Lo que usted ha dicho es total y absolutamente cierto. Además, se trata de una actitud poco edificante y poco educativa. Los niños y adolescentes que miran que las personas no aceptan los resultados, pueden creer que esa es la forma: que presionar y denunciar es la forma de afectar y provocar un detenimiento de los procesos o un cambio de los resultados; y que atemorizar a quienes resuelven es la forma de lograr resoluciones a su antojo. Esa es la razón por la cual yo permanezco en el cargo hasta el cumplimiento de mi plazo, que será en noviembre de este año. Permanezco para no dejar vigente la posibilidad de que, bajo la fórmula de la amenaza y la presión, un juez pueda huir con la finalidad de protegerse. Esa es la razón por la cual sigo al frente de este Jurado Nacional de Elecciones.

- En muchas oportunidades hemos visto que el Congreso no adopta decisiones por criterios técnicos, sino únicamente porque tienen los votos. ¿Qué acciones podría adoptar en la línea de defensa de la independencia y autonomía de los entes electorales?

The Economist publicó el año pasado el resultado de sus evaluaciones y el Perú estaba como una democracia híbrida; o sea, todavía no era un autoritarismo y ¿qué entidad le daba el Perú el puntaje suficiente para no descender al autoritarismo?, el sistema electoral. Si no fuera por el alto puntaje del sistema electoral, ya estaríamos considerados para el mundo como un autoritarismo. Esto tiene mucho que ver con la inversión y con la economía. En un autoritarismo se reducirían las posibilidades de la inversión extranjera en el país.

- El Parlamento está por dar ese paso y, al parecer, los intereses políticos coyunturales son más importantes que los intereses del país, pero yo creo que no será para todos. Habrá seguramente un buen número de congresistas que repensarán y analizarán el tema y resolverán lo que corresponde conforme a derecho y no conforme a los dictados políticos de algunos sectores interesados.

- Si nos ponemos en el peor de los escenarios y esto se aprueba, ¿a qué instancia podrían acudir?

Como persona, sería a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se ha pronunciado sobre la independencia de los jueces en general y también de los jueces electorales en particular. El caso Aguinaga Ayllón contra Ecuador es un caso emblemático en el que se habla de la necesidad de que en los países en los que haya juicio político se retire el mismo porque constituyen amenaza.

- ¿La ciudadanía qué papel tendría que jugar en este caso?

La ciudadanía tendría que informarse adecuadamente, porque algunas personas podrían dejarse convencer por la enorme y costosa andanada de propaganda que hay en contra del sistema electoral y de quién habla, alegando cosas inconcebibles. Ya nos falta solamente la alegación de que los alienígenas han venido a orientar la votación de la segunda vuelta. Creo que han agotado todas las posibilidades medianamente irracionales de manipulación. Ya solo queda lo que podríamos considerar un delirio. No estamos libres de que, con el dinero que se insufla a los trolls, haters, odiadores y algunas entidades periodísticas que están funcionando como voceros políticos o como agentes políticos propagandísticos, puedan haber quedado convencidos.

- Algunos sectores lo acusan también de haber facilitado la inscripción de Antauro.

En realidad, ese partido fue inscrito en mi ausencia. Yo estaba de vacaciones. Pero fue una inscripción arreglada a derecho. Lo que ocurre es que el señor (Antauro) Humala no es dirigente formal de esa institución. Formalmente, esa organización política ha presentado sus estatutos y en ellos aparece que abrazan los ideales democráticos. Bajo esa premisa, el pleno del JNE, sin mi intervención, declaró infundada la tacha y procedió a la inscripción. El JNE no tiene potestad para hacer un control sobre el comportamiento público de los partidos. Esa potestad fue remitida al Poder Judicial y quienes pueden denunciar un comportamiento antidemocrático de las organizaciones inscritas son el fiscal de la nación y la Defensoría del Pueblo. El señor (Alejandro) Muñante hizo una reclamación ante el JNE pidiendo que hagamos un control posterior. Nosotros remitimos su pedido a la Fiscalía de la Nación, que inició una investigación que está en giro.

- Le escuchábamos decir que usted ha resistido como jefe del JNE, pero todo llega a su fin. ¿Definitivamente se va a retirar en noviembre?

Como corresponde, porque caduca mi mandato. Los mandatos de los jueces electorales son por cuatro años, yo entré el 20 de noviembre y el 21 de noviembre del 2024 ya no estoy. No es que lo estoy repensando o que he desistido.

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