En total, desde el 2012, los familiares del presidente del Congreso, Manuel Merino, han contratado con el Estado por S/ 228, 831.00.

La ley de contrataciones con el Estado prohíbe que los familiares de los congresistas contraten con entidades públicas mientras desempeñen su labor parlamentaria.

Sin embargo, hace ocho años, los parientes del titular de la Mesa Directiva vulneraron dicha ley, según un reportaje emitido el último fin de semana.

Su madre, Elba de Lama, recibió S/ 37, 200 por alquilarle su vivienda al Instituto de Defensa Civil (INDECI) desde el 2012 al 2014. En ese periodo, Manuel Merino era congresista de Acción Popular (AP).

Por esos, años, su hermana Elba Merino cobró S/ 63, 500.00 por servicios otorgados al Consejo Nacional de Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS), al Ministerio de Vivienda, el Programa de Saneamiento Rural y a la Municipalidad Distrital de Ramón Castilla, de Piura.

Marco Merino, en el mismo lapso, facturó S/ 100, 991.00 con Joaquín Servicios Múltiples, por brindar servicios de construcción a las comunas de Morropón, La Matanza y El Tallán, también de Piura.

El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) es la institución facultada para sancionar a la madre y hermanos del presidente del Parlamento.

Por su parte, el presidente del Congreso, Manuel Merino, rechazó que haya tenido alguna injerencia en beneficio de sus familiares a fin de que estos obtengan las referidas contrataciones. Sostuvo que no puede “hacer algo contra la vivencia independiente” de aquellos.

“No puedo, de ninguna manera, especialmente porque somos 6 hermanos, hacer algo contra la vivencia independiente de mis hermanos. Esto ha sido investigado y archivado por el Ministerio Público”, señaló.

“Rechazo cualquier injerencia de querer beneficiar a mis familiares directos e indirectos. En este momento, ninguno de mis hermanos ha hecho contrataciones con el Estado”, agregó.

El titular del Legislativo explicó que los servicios brindados por sus hermanos y su madre entre el 2011 y el 2016 vienen “de antes que haya sido electo congresista” y arguyó que es legal prorrogar un servicio que se brindaba “antes de que se acceda a la función pública”.

“Hay un pronunciamiento de la OSCE sobre este tema. Porque el contrato de mi señora madre viene de antes, del 2010, yo no era congresista, eso se ha prorrogado, eso está conforme a ley. En el caso de mi hermana, si bien contrata con el Estado desde el 2008. En este caso yo debo decir, que habría que preguntarle a ella si informó o no informó. Ella ha venido contratando antes”, manifestó.

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