El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, advirtió que el Congreso incluyó una contrarreforma en la bicameralidad que podría generar impunidad en el caso de altos funcionarios que cuentan con antejuicio político.

Ahora el fiscal de la Nación no tiene la obligación de acusarlos en un plazo máximo de cinco días ante la Corte Suprema, luego que el Pleno apruebe las respectivas denuncias constitucionales.

“Se ha publicado esta ley de reforma constitucional y en el artículo 100, tercer párrafo, está hablando de la acusación a altos funcionarios. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación evalúa conforme a sus atribuciones el ejercicio de la acción penal ante la Corte Suprema”, explicó Arévalo en la ceremonia de aniversario del Subsistema Nacional Subespecializado en Extinción de Dominio.

Y luego comparó con lo que disponía dicho artículo antes que el Congreso apruebe la bicameralidad. “¿Qué decía antes? En el caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días, y el vocal supremo penal abre instrucción correspondiente”, detalló.

Conforme al artículo 99 de la Constitución, los altos funcionarios cuentan con la prerrogativa del antejuicio político. Cuando el titular del Ministerio Público necesita formalizar la investigación preparatoria, primero presenta una denuncia constitucional ante el Congreso contra el funcionario imputado. El Pleno finalmente evalúa, debate y vota un informe final sobre esa acusación. De ser aprobado, el fiscal de la Nación queda facultado para formalizar la indagación y acusarlo ante la Corte Suprema.

Lo que ha trastocado el Congreso con su contrarreforma es que ahora el fiscal de la Nación, luego de que el Pleno apruebe una acusación constitucional, no está obligado a proceder con la acción penal en el plazo de cinco días, como antes lo señalaba la Carta Magna. Es decir, ahora con base en su criterio, el jurista decidirá si procede ante la Corte Suprema.

“Estamos dejando abierta la posibilidad que a futuro un fiscal politizado o una Corte Suprema politizada, que ve el tema de investigación preparatoria, pueda no procesar. Es un retroceso terrible en la lucha contra la corrupción de los altos funcionarios que se ha aprobado y que nadie se ha dado cuenta”, advirtió.

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