La Comisión Permanente del Congreso citó para esta tarde a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y al fiscal supremo Pablo Sánchez, quien se encuentra a cargo de la Fiscalía de la Nación debido a una licencia de Zoraida Ávalos, para que expliquen la indagación a legisladores por desobedecer la resolución judicial que suspendía “provisionalmente” la designación de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

La sesión está programada para la 5:00 p.m y el único punto en agenda es la convocatoria de la magistrada Elvia Barrios y el fiscal supremo Pablo Sánchez, luego de que ambos se excusaran de asistir a la Comisión de Constitución del Congreso.

“La Junta de Portavoces, en su sesión del 12 de julio de 2021, acordó invitar a la Comisión Permanente a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, y al fiscal de la Nación (e), Pablo Sánchez Velarde, para que informen respecto de la notificación realizada [...] con el propósito de iniciar indagaciones preliminares contra los parlamentarios que participaron en el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional”, indica la agenda de la Comisión Permanente.

El pasado sábado 10 de julio, el Ministerio Público informó que había dispuesto el inicio de las diligencias preliminares contra los parlamentarios por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad por aprobar, el pasado 7 de julio, un acuerdo de la Junta de Portavoces de la víspera para no acatar una resolución judicial que ordenaba suspender la selección de magistrados del TC.

Las acciones que realizará el Ministerio Público incluirán la identificación de los parlamentarios que votaron a favor de ratificar el acuerdo de los portavoces para elegir a los magistrados del TC y la recepción de sus declaraciones.

También pedirán el acta de la sesión del 8 de julio, cuando la Junta de Portavoces llevó a cabo una reunión en la cual se ratificó la decisión de seguir adelante con la selección de miembros del tribunal y denunciar penalmente a la jueza Soledad Amparo Blácido Báez, quien ordenó la suspensión al aprobar una medida cautelar presentada por el abogado Walter Ayala.

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