Los programas de crédito a las empresas, el uso de la CTS para los trabajadores bajo suspensión perfecta y el subsidio a la planilla son algunas de las medidas que escogió el Perú para proteger los empleos de los estragos producidos por el COVID-19 sobre la economía. 

Dichas medidas han sido reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su reciente informe sobre la realidad laboral de la región. Sin embargo, la referida entidad también remarcó que la actual crisis permite repensar la necesidad de nueva legislación. 

Fue el director regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, quien en conferencia invocó a aprovechar el momento para pensar en estrategias de largo plazo e hizo hincapié en la necesidad de que los países como Perú establezcan seguros de desempleo.

“Hay algunas cosas que son muy claras. En algunos países, nos faltan sistemas efectivos de seguro de desempleo. Los países que no lo tienen, deberán ponerlos en marcha de cara a una próxima pandemia”, señaló.

Pinheiro recalca que dicho seguro ha sido la estrategia clara de algunos países ante la crisis de cara a mantener el dinamismo de la economía. 

A su turno, el director de la OIT para el Cono Sur de América Latina, Fabio Bertranou, acotó que en el informe “Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe” elaborado por la organización se pone énfasis en dicho punto.

“Hay un énfasis muy importante de mantener el vínculo laboral. Combinar los instrumentos de regulación laboral con aquellos de protección de los ingresos como el seguro de desempleo. Hay un interés renovado de muchos países de la región como Paraguay, Ecuador e incluso el Perú por introducir seguros de desempleo, puesto que permite mantener vínculos laborales a nivel de las empresas y que los ciclos económicos no produzcan efectos de largo plazo", agregó.

La OIT sostiene que este seguro sería el balance frente a un apoyo de los estados a las empresas; pero gatilla tal esfuerzo a la capacidad fiscal y advierte que esto deberá ser parte de un debate en cada uno de los países de la región. Según el informe de la organización, este año se perderían 41 millones de empleos en la región ante los efectos causados por el COVID-19 y la informalidad superará los niveles del 2019.

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