Pobladores de alto Cayma exigen saneamiento de terrenos.

Realizaron marcha de protesta en la MPA , Registros Públicos y Cofopri
world-news

Más de 300 pobladores de los asentamientos humanos de “Ciudad de los Pioneros”, “Mujeres con Esperanza”, “Embajada de Japón” y los “Jazmines” ubicados en la parte alta del distrito de Cayma se movilizaron por las calles de la ciudad, realizando plantones en la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Registros Públicos y Cofopri exigiendo claridad en los trámites que durante años vienen realizando para obtener títulos de propiedad.

“Ya estamos cansados que funcionarios y alcaldes que pasaron por la municipalidad provincial, alarguen con una serie de argucias legales presentados por terceras personas, los trámites de compra-venta de los terrenos, la entrega de nuestros títulos a través del  COFOPRI y su inscripción ante Registros Públicos”,  afirmó  la señora  Gregoria Quispe Monroy, presidenta de Ciudad de los Pioneros.

La dirigente, tuvo palabras duras contra la alcaldesa, Lilia Pauca, por no encontrarla en el despacho para que, a través del dialogo se resuelva el entrampamiento de sus gestiones que iban por buen camino con resoluciones del poder judicial y municipalidad provincial  que resolvían la propiedad de sus terrenos pero- según indica- de la noche a la mañana aparecieron “supuestos dueños” que reclamaban la propiedad de estos terrenos que ya cuentan con agua, desagüe y energía eléctrica.

Lo sorprendente es que una de estas terceras personas es una funcionaria de la municipalidad provincial de apellidos Hermes Abarca. Los otros son Víctor Pérez Flores, Helar Valdivia Ballón y  José Luis Castillo dijo la Presidenta del Frente de Defensa de  estos pueblos   Yudy Ortiz.

Este  hecho motivó a  los dirigentes presentar  una denuncia al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa para que realicen una investigación a funcionarios que habrían cometido presuntos actos de corrupción brindando información valiosa a los supuestos dueños que presentaron una medida cautelar paralizando todos los trámites.

“En el colmo, los funcionarios pretendieron llevar adelante una “conciliación” entre las partes”, señalaron los manifestantes.

Ortiz refirió  que ante la ausencia de la autoridad solo se conversó con Edgar Gonzales Polar, asesor del municipio y otros funcionarios quienes nuevamente plantearon el acto de conciliación que no fue aceptado indicando que harán respetar los derechos de 6 mil familias que ya llevan 22 años viviendo en 200 hectáreas del lugar. También fueron enfáticos en hacer respetar la resolución 275 que manda inscribir los terrenos a nombre de la municipalidad en Registros Públicos.

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