La titular del 1er. juzgado de Investigación Preparatoria de la sede central de la Corte de Arequipa, Danitza Sánchez del Carpio, archivó los procesos penales que se seguían contra 12 ciudadanos vinculados a las protestas ocurridas durante el 23 de marzo y 24 de mayo del año 2015 en contra del proyecto minero Tía María; conforme lo solicitó el Ministerio Público.
Durante la primera audiencia del requerimiento mixto des acusación y archivo en contra de los presuntos responsables de los actos de violencia que ocurrieron en el valle de Tambo, la jueza concluyó que los hechos investigados y las declaraciones de testigos no son suficientes para sostener una acusación y por tanto establecer responsabilidad penal en las 12 personas excluidas del proceso. 
La jueza archivó el proceso seguido en contra de Elard Hugo Valencia Juárez por el delito de extorsión en agravio del Estado; en el caso de Jesús Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, se archivó para el delito de extorsión agravada en grado de tentativa en agravio de la empresa minera Southern Perú Cooper Corporation.
Asimismo, se archivó la causa en contra de Elard Valencia Juárez, Mary Luzmila Marroquín León, Catalina Hilda Torocahua Muñoz y Eulogio Quispe Quispe por el delito de asociación ilícita para delinquir como dirigentes de la presunta organización criminal, frente amplio de defensa del valle de Tambo.
Respecto de Jorge del Carpio Lazo, Ricardo Quispe Aguilar y José Luis Chapa Díaz se les excluyó del delito de asociación ilícita para delinquir como integrantes del mencionado frente; mientras que se libraron de ser enjuiciados Persi Paco Jaramillo, Helbert Gaspar Samalvides y Juan Miguel Choquehuanca Mamani en calidad de financistas de la referida asociación criminal por el delito de asociación ilícita para delinquir.
Se archivó igualmente las denuncias alternativas contra Mary Marroquín León, Catalina Torocahua Muñoz y Eulogio Quispe Quispe por el delito de conspiración para motín.
El control de acusación de este caso, conocido como “espartambos”, continuará el 21 y 27 de setiembre; además del 03 de octubre próximo con el análisis de las denuncias contra Pepe Julio Gutiérrez y otros 15 dirigentes antimineros; respecto de los actos de violencia que se produjeron durante estas protestas donde se tomaron locales públicos, obstaculizaron vías de comunicación, e impidió el libre tránsito de las personas; además del actos presuntos de extorsión donde se requirió un millón de dólares para suspender la huelga que se acató el valle de Tambo.

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