Martín Vizcarra afrontará este viernes desde las 10 a.m. un pedido del Ministerio Público para que no salga del país por el plazo de 12 meses. Ello por las investigaciones que dirige el fiscal Germán Juárez en su contra por el caso Club de la Construcción.

La jueza María Álvarez Camacho, encargada del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, será la encargada de dirigir la audiencia en la que estarán presentes el expresidente Vizcarra, el fiscal Juárez y el abogado Fernando Ugaz Zegarra.

El requerimiento del Equipo Especial Lava Jato señala entre sus argumentos para la restricción contra Vizcarra que, al ser investigado por los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita, existe una pena probable en su contra que oscila entre los 3 y 15 años de prisión.

Además, señala que es importante la presencia de Vizcarra en el Perú debido a las diligencias que tiene programado el fiscal Germán Juárez. Cita como antecedentes la citación que se hizo en octubre al exmandatario y su falta de respuesta cuando se solicitó que fije fecha y hora para su declaración.

Por otra parte, el fiscal Juárez apunta a otro elemento que posibilitaría una probable fuga de Martín Vizcarra: “cuenta con los ingresos suficientes para salir del país”, menciona en su pedido ante el Poder Judicial.

Como se recuerda, el 16 de octubre último, el fiscal Germán Juárez inició investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra y otros implicados por dos hechos específicos de corrupción: sobornos para la contratación y ejecución del proyecto Lomas de Ilo y el hospital regional de Moquegua. Ambas durante la gestión de Vizcarra como gobernador de dicha región.

De acuerdo con los avances del despacho de Juárez, Vizcarra recibió S/1.000.000 por parte del consorcio Obrainsa-Astaldi entre enero y abril de 2014, en dos pagos, a cambio de facilitar la buena pro a dicha empresa para el proyecto Lomas de Ilo, todavía inconcluso en la región actualmente.

Por el otro hecho, el expresidente habría solicitado un pago de S/1.300.000 a cambio de otorgar el visto bueno al consorcio ICCGSA- INCOT para ejecutar el hospital en Moquegua. En ambas obras hubo irregularidad y los casos se apoyan, en total, en la declaración de cinco colaboradores eficaces.

El 10 de noviembre, un día después de la destitución de Martín Vizcarra, este acreditó a su defensa legal en cuatro fiscalías: por dos casos que dirige el fiscal Elmer Chirre, uno de Germán Juárez, otro en la fiscalía de la Nación por el caso Richard Cisneros, dos que dirige el fiscal Reynaldo Abia (casos Mirian Morales y compra irregular de pruebas COVID-19).

En los despachos de los fiscales Elmer Chirre y Germán Juárez, el abogado Fernando Ugaz aseguró que Martín Vizcarra se allanará a cualquier pedido de impedimento de salida del país o de comparecencia. Lo explicó también a través de escritos formales a ambas fiscalías.

Por la víspera, el letrado dejó los dos pasaportes (diplomático y biométrico) de Vizcarra ante el fiscal Germán Juárez. La declaración del expresidente continuará en ese despacho el siguiente jueves 19 de noviembre.

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